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¿Es causa de IT una operación voluntaria de corrección de la vista?

El TS reconoce el derecho a la prestación por IT aunque la intervención quirúrgica no esté incluida en la cartera de servicios comunes del SNS, siempre que la baja y su seguimiento se realice por los servicios públicos de salud. Diferencia estos supuestos de las operaciones puramente estéticas que están excluidas del sistema y cuya recuperación implica unos costes que no deben ser asumidos por el erario público.

Una trabajadora se somete voluntariamente en una clínica privada a una intervención refractiva en ambos ojos al objeto de eliminar la presbicia y la hipermetropía media con astigmatismo que padecía. La mutua que gestiona la IT le deniega el derecho a percibir el correspondiente subsidio; argumenta que se trata de una intervención quirúrgica no comprendida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. La trabajadora reclama contra esta denegación e interpone demanda, que es estimada tanto por el juzgado de lo social como por el TSJ Madrid. Disconforme la mutua interpone recurso de casación para la unificación de doctrina.

El TS recuerda que tanto la hipermetropía como el astigmatismo y la presbicia son problemas de visión que tienen diferentes tratamientos, alguno de los cuales -singularmente los más avanzados y modernos- no están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.

El que el enfermo pueda recurrir a ellos y a sus expensas no implica que no estemos ante una situación incapacitante para el trabajo.

Por tanto la cuestión que se debate es si el trabajdor tiene o no el derecho a la prestación de IT.

¿Tiene derecho a la prestación por IT ?

En efecto, la LGSS señala que los requisitos básicos para acceder a la prestación por IT son estar impedido al trabajo y requerir la asistencia sanitaria de la seguridad Social. A diferencia de lo que señala la Mutua, el TS considera por asistencia sanitaria de la Seguridad Social se entiende la prestada por los servicios públicos de salud para garantizar el control de la situación incapacitante y del adecuado tratamiento recuperador. Son estos servicios son los únicos competentes para emitir los correspondientes partes médicos de baja, de confirmación de la misma y de alta; ya que lo decisivo no es si, ante una situación de enfermedad, el tratamiento es o no financiado por los servicios públicos de salud, sino si de tal enfermedad y tratamiento se deriva una situación incapacitante para el trabajo a juicio de los servicios públicos de salud.

El TS diferencia las operaciones de corrección ocular de las intervenciones quirúrgicas por razones puramente estéticas, excluidas del sistema de la sanidad pública y cuyas consecuencias derivan de una decisión personal que nada tiene que ver con la salud. Se entiende que en estas situaciones, si no existen complicaciones derivadas de la cirugía, ni patología alguna ligada con la misma, falta el requisito objetivo de la necesidad de asistencia sanitaria . Por ello entiende que este tipo de intervención estética y su recuperación implicaban unos costes que no deben ser asumidos por el erario público.

STS (Social) de 8 enero de 2020. EDJ 2020/504562

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