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TS civil 18-7-17, EDJ 149841

Una sociedad está participada por dos cónyuges casados en régimen de separación de bienes, y cada uno de ellos participa del  50% de la sociedad | Uno de ellos es administrador y el otro apoderado general interviniendo en la gestión de la sociedad con plena autonomía, de manera habitual, y toma decisiones de especial relevancia tanto en el plano laboral como en las operaciones comerciales.

La empresa incurre en causa de disolución de la sociedad por haber quedado reducido su patrimonio a una cifra inferior a la mitad del capital social, y  procede al despido de todos sus trabajadores, que recurren el despido, siendo declarados nulos por la jurisdicción social. Tras la readmisión, vuelven a ser declarados nulos declarando el derecho de los trabajadores a la correspondiente indemnización. Ante la insolvencia de la empresa, los trabajadores perciben su indemnización del FOGASA con las limitaciones cuantitativas correspondientes.

Siendo la deuda indemnizatoria posterior a la causa de disolución, los trabajadores interponen demanda de indemnización por daño y por deudas ante la jurisdicción civil por la parte de indemnización no percibida del FOGASA, solicitando la condena solidaria de los administradores sociales – uno como administrador de derecho  y otro (apoderado general) como administrador de hecho.

Tanto el juzgado de primera instancia como la AP estiman la demanda de los trabajadores y condenan solidariamente a los administradores de la empresa al pago de la indemnización.  Los administradores consideran que  la deudas contraídas por la indemnización por despido no son posteriores a la disolución, ya que la obligación de indemnizar surge desde el instante al que se produce la contratación laboral, es decir se trata de una deuda nacida anteriormente que se cuantifica con posterioridad, por lo que no puede dar lugar a la responsabilidad objetiva. Interponen recurso de casación ante el TS

La cuestión a debatir consiste en determinar, a efectos de la responsabilidad de los administradores, cuando se entiende nacida la deuda por las indemnizaciones por despido, y si a estos efectos se asimilan a las deudas comerciales ordinarias.​

El TS, confirmando las sentencias condenatorias de instancia, señala que la indemnización por despido no nace con el contrato de trabajo, pues la contraprestación a la prestación de los servicios laborales es el salario (ET art.26) no la indemnización por despido. Esta únicamente nace cuando el despido es declarado judicialmente improcedente y la empresa opta por la no readmisión (ET art.56).

En supuesto enjuiciado, el nacimiento de la obligación de indemnizar tuvo lugar cuando la sociedad estaba ya en causa legal de disolución. Asimismo, ​el TS considera que el hecho de que las deudas no sean comerciales, sino laborales, no supone ningún impedimento para la condena solidaria de los administradores sociales, puesto que la LSC art.367 no exige que las deudas sean comerciales, sino que se refiere a las deudas de la sociedad en general.

Por ello, se desestima el recurso de casación confirmando la sentencia de instancia