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Un trabajador, de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, prestaba sus servicios profesionales para la empresa en virtud de contrato de prestación de servicios para la ejecución de las obras de la actividad de montaje y reparación de aparatos elevadores | Varios años después, la empresa comunica al trabajador la falta de viabilidad del proyecto ofreciéndole la posibilidad de obtener obras en otra provincia, ofrecimiento ante el que el trabajador presenta demanda de despido.

El juzgado de lo social desestima la demanda declarando la incompetencia de la jurisdicción social. El TSJ Las Palmas, estima el recurso de suplicación y, declarando la relación que unía a las partes como laboral, declara la competencia del orden social para conocer el asunto y anula la sentencia de instancia a fin de que dicte nueva resolución. La empresa recurre en casación para unificación de doctrina solicitando que se declare la inexistencia de relación laboral entre las partes y, derivado de ello, la falta de competencia de la jurisdicción social para conocer de la demanda.

La cuestión que se plantea consiste en determinar la naturaleza de la relación jurídica que vincula al trabajador con la mercantil, para determinar si constituye o no una relación laboral.

El trabajador prestaba sus servicios exclusivamente para la empresa, de forma habitual, personal y directa realizando el mismo trabajo que un montador-oficial 2ª- laboral de la empresa. Para cada encargo, el trabajador firmaba un anexo en el que figuraba el precio y el plazo de ejecución fijados por la empresa. El trabajador no estaba sujeto a ningún horario de trabajo aunque sí a plazos para la realización del montaje y al resultado fijado por la empresa. Tanto los ascensores a instalar como el utillaje necesario para ello eran suministrados por la empresa aunque el resto de herramientas ordinarias (botas, guantes, casco, vehículo propio y teléfono móvil) las aportaba el trabajador, quien utilizaba un mono de trabajo con el logotipo de la empresa. Las vacaciones no debían ser autorizadas por la empresa, aunque esta excluía algunos días de descanso. El trabajador tenía suscrito un seguro de responsabilidad civil y un contrato de prevención de riesgos laborales para autónomos.

A la vista de los hechos probados, y operando la presunción de laboralidad del art.8 ET, el TS concluye que en el supuesto analizado concurren las notas características de la relación laboral de voluntariedad, ajenidad (ya que los frutos del trabajo pasan a la mercantil quien asume la obligación de retribuir dichos servicios que están garantizados) y dependencia (los trabajos se presentaban dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa que es quien proporciona no solo los bienes de equipo sino también las instrucciones de montaje). No obsta a esta calificación, que de los hechos probados se deduzcan indicios que pudieran incidir en la inexistencia de dependencia (no sujeción a horario o no imposición de vacaciones) y de ajenidad (encomienda de contratas propias de la actividad de construcción o utilización de medios propios) ya que ​estos indicios resultan marginales y deben ceder ante los de mayor fuerza que apuntan en sentido contrario.

Por ello, el TS desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa.

TS unif doctrina 24-1-18, EDJ 10162