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TSJ Madrid 19-6-17, EDJ 158586 

​​​En empresa, dedicada a la reparación de telefonía móvil,  un grupo de sus trabajadores está obligado ​a utilizar una bata que deben abotonarse de arriba abajo, así como taloneras, muñequeras y guantes; otro grupo utiliza un uniforme facilitado por la empresa, compuesto de pantalón largo, camisa y calzado de seguridad; otros trabajadores, destinados en oficinas, usan ropa de calle durante su trabajo.

La dirección  comunica a los trabajadores la instauración en el manual del empleado de un apartado dedicado a la política de vestimenta imponiendo un código de vestuario obligatorio para todos los trabajadores. Se incluyen ​normas relativas al largo de la falda, a la negativa a permitir escotes pronunciados y transparencias, prohibición de pantalones cortos y sandalias y también indica en qué consisten las buenas prácticas de aseo.

La representación de los trabajadores considera que esta regulación es contraria a los derechos de los trabajadores y que excede de su poder de dirección, por lo que interpone demanda de conflicto colectivo. Se estima la demanda de los trabajadores y la empresa interpone recurso de suplicación ante el TSJ.

La cuestión debatida consiste en determinar si el contenido del apartado de vestimenta del manual del empleado excede o no de las facultades de control y dirección de la actividad laboral.

EL TSJ establece que, en aplicación de su poder de dirección y control de la actividad laboral,​ la empresa puede imponer una determinada uniformidad a sus trabajadores, pero siempre que esa obligación se sustente en argumentos objetivos, razonables y proporcionales.

En el supuesto enjuiciado, la empresa no está imponiendo un manual de vestimenta para el desarrollo de la actividad de los trabajadores, sino que prohíbe utilizar determinadas prendas. Esta prohibición resulta absolutamente injustificada ya que la gran mayoría de los trabajadores utilizan bata de trabajo facilitada por la empresa, y el personal de logística uniforme para el desarrollo de su trabajo.

Esto supone que el manual del empleado ​va mas allá del uniforme ya que si los trabajadores tienen un uniforme y, no se cuestiona su utilización, la ropa que utilicen debajo de dicho uniforme e incluso antes de acceder a su trabajo en nada incide ni en la imagen de la empresa, ni en su relación con terceros y excede con mucho el poder de dirección del empresario.

Por ello, se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia que entendió que la la política de vestimenta contenida en el Manual del Empleado citado no constituye regulación de uniformidad.