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La trabajadora solicita pensión de jubilación, que se deniega por el INSS al no acreditar el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada.  De entre las cotizaciones acreditadas, 924 días lo son durante la percepción del subsidio por desempleo. Interpuesta demanda de Seguridad Social es estimada tanto por el juzgado de lo Social como por el TSJ que declaran el derecho de la trabajadora a percibir la pensión de jubilación solicitada. La representación del INSS interpone recurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión a resolver reside en determinar si pueden computarse las cotizaciones por jubilación efectuadas por la entidad gestora del subsidio de desempleo de mayores de 55 años, a efectos de acreditar el periodo de carencia de 30 años exigido para el acceso a la jubilación anticipada.

El TS parte de considerar que la LGSS art. 218.1 reconoce el derecho al subsidio para mayores de 55 años a  quienes reúnan todos los re​quisitos para acceder a la pensión de jubilación, salvo el de edad, y especifica que ese requisito afecta al acceso a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación. Por ello, se interpreta que este precepto se aplica a cualquiera de los diferentes subtipos de jubilación que en cada momento pueda contemplarse en el sistema de seguridad social. Por otro lado, la LGSS disp.adic 28ª establece que las cotizaciones efectuadas por la Entidad Gestora por la contingencia de jubilación durante este subsidio tienen efecto para el cálculo de la base reguladora  y porcentaje aplicable  la pensión de jubilación, pero en ningún caso tienen validez y eficacia jurídica para acreditar el período mínimo de cotización exigido que ha debido  quedar acreditado en el momento de la solicitud del subsidio por desempleo.

El TS concluye que nada justifica que ​esta regulación no pueda aplicarse a la jubilación anticipada. Es decir, el subsidio para mayores de 55 años se reconoce a quienes  en el momento de la solicitud reúnan todos los requisitos salvo la edad para acceder a cualquier tipo de jubilación, imponiendo a la  entidad gestora la obligación de cotizar, sin que estas cotizaciones tengan eficacia para acreditar el periodo mínimo de cotización exigido tanto para la jubilación ordinaria, como para la anticipada.

Por ello, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS y la TGSS, y se  revoca la sentencia de instancia y desestimando íntegramente la demanda.