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L 9/2017, BOE 9-11-17

Se publica la nueva Ley de Contratos Públicos que establece el procedimiento a seguir para la contratación con las Administraciones Públicas | La norma traspone al ordenamiento español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. Consta de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 16 disposiciones finales y una derogatoria.

La Ley, que entra en vigor con carácter general el 9-3-2018, modifica diferentes normas entre las que se encuentra la LRJSP (L 40/2015) y la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDLeg 1/2013).

Se señalan, a continuación, las novedades introducidas en materia socio-laboral.

I.-Disposiciones generales sobre la contratación del sector público

a) Se amplía la legitimación para interponer recurso especial en materia de contratación a (LCSP/17 art.48):

  • las organizaciones sindicales en caso de incumplimiento empresarial de las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación;
  • la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectado.

b) Se incluye, entre las prohibiciones para contratar con las entidades del sector público, a las empresas de más de 250 trabajadores que no cuenten con un plan de igualdad. Se suma esta prohibición a la ya establecida para empresas que no cumplan la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad. El cumplimiento de estas obligaciones se debe acreditar mediante declaración responsable o forma alternativa de certificación que apruebe el Consejo de Ministros (LCSP/17 art.71.1.d).

II.- Objeto del contrato y precio del contrato

a) El órgano de contratación va a poder reservar alguno de los lotes en que divida el contrato para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción. También va a poder reservar un porcentaje mínimo de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido (LCSP/17 art.99.4).

A estos efectos, se prevé que en el plazo máximo de un año, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se fijen porcentajes mínimos de reserva a Centros especiales de Empleo de iniciativa Social y a empresas de inserción. En caso de que el Acuerdo no se adopte en plazo, el porcentaje mínimo de reserva quedará establecido en el 7%, incrementándose hasta un 10% a los 4 años de vigencia de la LCSP/17 (LCSP/17 disp.adic.4ª).

b) Cuando el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución del contrato formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación debe indicar de forma desglosada los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia, distinguiendo por género y categoría profesional (LCSP/17 art.100).

c) Cuando el coste económico principal del contrato sean costes laborales, su valoración  a efectos de estimar el precio del contrato se debe realizar conforme a los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de servicios (LCSP/17 art.102).

II.- Preparación de los contratos

a) En el pliego, el órgano de contratación va a poder señalar el organismo del que los licitadores van a poder obtener la información pertinente sobre las obligaciones en materia de igualdad de género, de inserción sociolaboral de personas con discapacidad y sobre la obligación de contratar a un porcentaje determinado de personas con discapacidad (LCSP/17 art.129).

b) Se regula la subrogación de los contratos de trabajo que se amplía, no solo a los supuestos en que así se establezca en el propio contrato, sino a los siguientes supuestos (LCSP/17 art.130):

  • cuando así lo disponga una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. En estos casos, el órgano de contratación debe facilitar en el pliego la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores objeto de subrogación. A estos efectos, la empresa que venga efectuando la prestación objeto del contrato debe aportar una listado del personal objeto de subrogación indicando: el convenio colectivo de aplicación, la categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato y salario bruto de cada trabajador, así como los pactos aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.
  • cuando la anterior adjudicataria fuese un Centro Especial de Empleo, la nueva debe subrogarse como empleador en todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del contrato.
  • en caso de reversión del servicio público, el organismo público está obligado a la subrogación  del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

El pliego de cláusulas administrativas particulares debe contemplar la obligación del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación y de las cotizaciones a la seguridad social devengadas aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados por el nuevo contratista. El nuevo contratista en ningún caso correrá con esta obligación.

III. Adjudicación de los contratos

a) Se establece una nueva regulación de los criterios de adjudicación del contrato. Entre los criterios cualitativos se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos sociales (LCSP/17 art.145):

  • fomento de la integración social o socio-laboral de personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social;
  • la subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción;
  • planes de igualdad de género;
  • fomento de la contratación femenina;
  • conciliación de la vida laboral, personal y familiar;
  • mejora de las condiciones laborales y salariales;
  • estabilidad en el empleo;
  • mayor contratación de personas para ejecutar el contrato;
  • formación y protección de la salud y seguridad en el trabajo.

Además se establece que el precio no puede ser el único factor determinante de la adjudicación de contratos de prestación de servicios sociales que fomenten la integración social de personas desfavorecidas o que promuevan el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral.

En caso de que tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un empate entre 2 o más ofertas, entre los criterios de desempate, se incluyen: tener un plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al impuesto legalmente o adoptar medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

b) En todo caso, se rechazarán las ofertas anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre subcontratación, o por no cumplir las obligaciones aplicables en materia social o laboral, incluido el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales. (LCSP/17 art.149).

IV.- Ejecución de los contratos

A) Introducción de nuevas obligaciones en la ejecución de los contratos (LCSP/17 art. 201 y 202). En el ámbito laboral destacan las siguientes:

a)  Obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en las materias social y laboral establecidas  por la normativa interna, la normativa europea, la internacional que vincule al Estado y por los convenios sectoriales.  El incumplimiento de estas normas, y en especial el impago y retraso reiterado en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa puede suponer la imposición de penalidades.

b) Establecimiento de condiciones especiales de ejecución de carácter social siempre que estén vinculadas al objeto del contrato (LCSP/17 211 y 212).  Su incumplimiento puede suponer la imposición de penalidades, incluida la resolución del contrato. Las condiciones de carácter social o relativas al empleo responden principalmente a las siguientes finalidades:

1.- En relación a las personas con discapacidad:

  • hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad;
  • contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción;

2.- En relación con la  igualdad entre mujeres y hombres, favoreciendo la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar;  combatiendo  el paro que afecta a las mujeres (en particular el juvenil y el de larga duración); y favoreciendo  la formación en el lugar de trabajo.

3.- Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables y establecer medidas para prevenir la siniestralidad laboral.

4.- Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la OIT, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo.

B) Se incluye como nueva causa de resolución del contrato el impago de salarios a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos. Esta resolución se acuerda a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista. No obstante, puede acordarse de oficio por el órgano de contratación cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  • los afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación; y
  • el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5% del precio de adjudicación del contrato.

C) Respecto de los contratos de servicios celebrados con  el sector público se establece como novedad que, aunque se trate de contratos tramitados como menores, nunca pueden utilizarse para contratar personal. También señala tras su extinción, en ningún caso puede producirse la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. Por ello, se prohíbe a los empleados o responsables de la Administración de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que  le corresponden a la empresa contratista.

V.- Prioridad aplicativa del convenio sectorial

Se establece la prioridad aplicativa de convenio sectorial sobre el convenio de empresa en las  licitaciones públicas. Así consta la obligación de aplicar las condiciones establecidas en el convenio de sector en:

  • los pliegos: debe constar que la empresa cumple con las cumpla las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio sectorial de aplicación (LCSP/17 art.122)
  • las ofertas anormalmente bajas: se debe revisar el posible incumplimiento por el empresario d los convenios sectoriales (LCSP/17 art.149);
  • la ejecución del contrato: se establecen penalidades en caso de incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales o territoriales, pudiendo suponer la resolución del contrato o la comisión de una infracción grave (LCSP/17 art.202).​