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Las adjudicatarias podrán cargar con deudas que afloren con Hacienda o la Seguridad Social. El Alto Tribunal ha unificado doctrina tras sentencias en Luxemburgo

Las empresas de servicios en España han quedado expuestas a un grave riesgo cuando acuden a un concurso. Sendas sentencias, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la UE el pasado julio y más recientemente en octubre por el Tribunal Supremo, han revolucionado la tradicional subrogación convencional contemplada en convenios colectivos como el de las limpiezas de edificios y locales o el de seguridad privada.

Se produce, de hecho, un acercamiento a la subrogación legal, en la que rige el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. A la subrogación de plantillas se suma, también, la asunción de la responsabilidad solidaria laboral y de Seguridad Social.

Vista la doctrina marcada por el TJUE, y que asume el Tribunal Supremo español, la carga a soportar ahora por cualquier contrata, que sucede a una anterior, incluye a la totalidad de los trabajadores (también en el caso en que la nueva adjudicación reduzca las tareas encomendadas) y se lleva el riesgo de posibles deudas con organismos como la Seguridad Social o Hacienda.

A la vista de que las empresas pueden ser sometidas a inspecciones que abarcan los cuatro años anteriores, las cargas o costes en que podrían incurrir las contratas crean un ámbito de incertidumbre en el momento de firmar una adjudicación y subrogarse el personal.

Hasta que el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo ha decidido alinearse con el TJUE, en España eran subrogables los trabajadores con una determinada antigüedad, adscritos al servicio en que se produce la sucesión de empresas adjudicatarias. Y la nueva empleadora tenía potestad para quedarse solo con los equipos humanos necesarios para prestar la tarea en el caso de que el órgano contratante hubiera introducido cambios.

En los fallos del tribunal con sede en Luxemburgo y del Supremo se ofrece un papel predominante al concepto de “sucesión de plantillas” y se califica a los recursos humanos como “entidades económicas” en actividades en que la subrogación de mano de obra tiene más relevancia que el traspaso de infraestructura productiva.

En este sentido, el Tribunal Supremo afirma que “se produce una transmisión de empresa, encuadrable en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, si la sucesión de contratas va acompañada de una entidad económica entre las empresas saliente y entrante”. Esa trasmisión de empresa incluye la asunción de las obligaciones del empleador saliente. A efectos jurídicos, es como si se tratara de la adquisición de una compañía y sus actividades.