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Tras casi dos años de debates, la comisión del Congreso anunciaba  un acuerdo de mínimos sobre la recomendación segunda del Pacto de Toledo, la que hace referencia a la revalorización anual de las pensiones. Todos los grupos, salvo ERC, están de acuerdo en que cada año las nóminas de los pensionistas suban el IPC real. Es decir, que los precios sean el eje central, el que marque cada año la pérdida o ganancia del poder de compra del jubilado. Pero el Pacto deja en manos del Gobierno y los agentes sociales la reforma del mecanismo de revalorización y la posibilidad de que se pueda utilizar otro indicador como el PIB o los salarios para determinar las subidas.

«La comisión considera esencial, a los efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso de la recomendación del mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, aprobada en 2011 en el del Pacto de Toledo», puntualiza la nueva redacción del punto segundo.

Los grupos dejan claro que solo se financiarán con cargo a la Seguridad Social los gastos correspondientes al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida que se aplique por encima del IPC será sufragada con cargo a otros recursos financieros. Reconocen de esta forma sus señorías que la caja de la Seguridad Social no está para excesos.

Para evitar que ningún gobierno legisle al margen del Pacto de Toledo, como ocurrió en 2013, los grupos sí se han puesto de acuerdo para exigir que el desarrollo o redacción de lo establecido en la recomendación sobre las subidas a los pensionistas deberá ser consultado y debatido en el seno del Pacto de Toledo.

El acuerdo anunciado ayer entierra definitivamente el Índice de Revalorización, el mecanismo que desde 2014 ha servido para revalorizar la nómina de los jubilados, un factor que surgió de la reforma de 2013. La razón por la que se puso en marcha fue el elevado coste para las arcas públicas de subir la pensiones con el IPC en momentos en los que la crisis se llevó por delante más de tres millones de empleos. El Índice ya desterrado, es un complejo indicador que tiene en cuenta factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución (diferencia entre las pensiones que causan baja y las nuevas), el número de pensiones, los ingresos y el gasto en pensiones. La subida mínima garantizada por este mecanismo ha sido del 0,25% desde 2014, hasta que el acuerdo presupuestario entre PP y PNV aplicó este año una subida del 1,6%, la previsión de inflación. No habrá tampoco para el próximo año ningún mecanismo de ajuste del gasto, dado que el Factor de Sostenibilidad, uno de los ejes fundamentales de la reforma de las pensiones, se trasladó de 2019 a 2023 tras el acuerdo con el PNV. Su entrada en vigor el próximo 1 de enero hubiera ligado la pensión inicial a la esperanza de vida con el objetivo de que a igual contribución durante la etapa como cotizantes, el jubilado perciba el mismo importe de pensión pública.

Amenaza demográfica

Cerrada la revalorización, sus señorías tienen ahora el verdadero trabajo por delante: buscar fórmulas que aseguren la sostenibilidad de la finanzas del sistema con la vista puesta en la llegada de la generación del «baby boom». Si hay un momento en el que el sistema tendrá que demostrar su resistencia es cuando comiencen a acceder los nacidos en los años de mayor explosión de la natalidad en España. Para entonces el sistema deberá estar preparado para soportar ese aumento de perceptores. Y ya no servirán parches ni acuerdos de última hora.

La generación del «baby boom» (nacidos entre 1958 y 1977) comenzará a jubilarse en la próxima década, pero lo hará en una transición suave que tendrá su pico en 2042 con la incorporación de unos 723.000 potenciales pensionistas, lo que elevará el total a 15 millones, frente a los 8,7 millones actuales, según las previsiones del profesor de investigación del CSIC, Antonio Abellán.

Entre 1958 y 1977 los nacimientos en España superaron los 650.000 anuales; en esas fechas nacieron casi catorce millones de niños, 2,5 millones más que en los veinte años previos, 4,5 más que en los veinte años siguientes. Está previsto que el «baby boom» inicie la llegada a la jubilación a partir de 2023/2024. Según los expertos se producirá entonces una tensión, al principio suave, sobre el sistema que irá aumentando progresivamente desde esas fechas hasta 2042 aproximadamente. Los pilares del sistema deberán ser sólidos en estas fechas; de lo contrario, saltarán por los aires.

Ahora los miembros del Pacto deben buscar fórmulas de consenso que permitan más ingresos para el sistema, la verdadera reforma que espera a las pensiones.