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El Tribunal Supremo, con su sentencia del pasado día 3 de octubre, ha establecido que las prestaciones por maternidad reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, deben entenderse insertas entre “las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción,…” que contempla como exentas el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas”.

Con esta sentencia, se sigue el criterio establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sendas resoluciones, una de ellas recurrida por la propia Administración General del Estado, que vino a separarse de la tesis mayoritaria mantenida por la Agencia estatal de la Administración Tributaria, el Tribunal Económico Administrativo Central y diversos Tribunales Superiores de Justicia, que mantenían posturas contrarias a la exención de tales prestaciones por maternidad.

Cobra mayor importancia, si cabe, la fijación de la nueva doctrina jurisprudencial, en un escenario como el actual en el que está legalmente prevista la ampliación gradual de las prestaciones económicas por paternidad, prestación que debería quedar igualmente exenta. En todo caso, por lo discutible de la cuestión, por lo cuantioso de los ingresos tributarios objeto del polémico cambio de criterio y dadas las recientes experiencias de autorevisión de criterios, no sería de extrañar que nos encontráramos, en un futuro no muy lejano, con novedades jurisprudenciales que ratifiquen, o no, la exención ahora reconocida.