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TS unif doctrina 21-9-17, EDJ 208950

En el marco de la encomienda de gestión de la red de agua y lluvia de la Xunta de Galicia, la trabajadora celebra sucesivos contratos temporales para prestar servicios de Técnica Superior Farmacéutica primero con la Universidad de Santiago (de 11-3-2003 a 31-12-2004) y luego con TRAGSA (de 12-4-2005 a 31-12-2008) y TRAGSATEC (desde 1-1-2009). Durante todo el período las tareas desempeñadas se desarrollan sin variación sustancial.

La trabajadora presenta demanda que el juzgado de lo Social estima declarando la existencia de una situación de cesión ilegal y condenando a las empresas codemandadas a reconocer la condición de personal laboral indefinido de la Xunta de Galicia con el reconocimiento de los servicios prestados a los efectos de trienios devengados y demás derechos inherentes a dicha declaración. Disconformes con el fallo, la Universidad y la Xunta presentan recurso de suplicación que el TSJ Galicia estima parcialmente fijando la fecha de antigüedad de la trabajadora en el 12-4-2005 al considerar rota la unidad esencial del vínculo laboral por el transcurso de 3 meses y medio. La trabajadora presenta recurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión que se plantea se centra en determinar la fecha inicial para el cómputo de antigüedad en el caso de sucesivos contratos por obra o servicio.

Para la resolución de la cuestión, el TS comienza recordando su doctrina sobre la unidad esencial del vínculo dado que tanto la sentencia recurrida como el escrito de impugnación del recurso y el informe del Ministerio Fiscal se basan en ella. Según esta doctrina, en supuestos de sucesión de contratos temporales, la antigüedad del empleado en la empresa se remonta al momento en que se inició el trabajo en virtud del primer contrato temporal siempre que no haya existido una interrupción significativa. Debe determinarse, por lo tanto, lo que debe entenderse por la interrupción significativa que lleve a excluir la unidad esencial del vínculo.

Para el TS, la sentencia recurrida yerra al afirmar que la doctrina contenida en la sentencia de TS 10-7-2012 conduce a que se rompe la unidad esencial del vínculo si median interrupciones superiores a 3 meses. La sentencia no opta por un método matemático a la hora de apreciar la ruptura del vínculo, ni erige el módulo de 3 meses como barrera universal ni prescinde de la duración global del arco temporal examinado a la hora de ponderar todas las circunstancias.

Según el TS, para adoptar la decisión final, ha de estarse a los siguientes parámetros: el tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo; el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo; el número y duración de los cortes; la identidad de la actividad productiva; la existencia de anomalías contractuales; el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos.

En el caso analizado, durante un período de más de 12 años, han mediado varios contratos temporales pero siempre para realizar las mismas tareas, ha existido una cesión ilegal y el único paréntesis, se ha prolongado durante 3 meses y medio. De este modo, se suma la existencia de anomalías en la contratación y en la identificación empresarial, con la prestación de la actividad durante un 97% del tiempo transcurrido en el lapso de referencia.

En estas condiciones, el TS considera que no cabe hablar de ruptura significativa la prestación de servicios, por lo que estima el recurso y reconoce a la trabajadora la antigüedad por los servicios efectivamente prestados desde la fecha del primero de los contratos por obra o servicio.